El arma cargada

Foto: es.euronews.com

Pocas cosas hay más peligrosas que un medio de transporte rápido (donde, por “rápido”, entiendo cualquier velocidad que pueda fácilmente causar la muerte de los pasajeros). En esta categoría entran los vehículos automóviles, el tren y el avión. Hay, no obstante, esenciales diferencias entre ellos. La primera de tales diferencias se establece en atención a quién guía el medio en cuestión, con relación a quién viaja en él.

Para el transporte por carretera, en la mayoría de los casos el piloto es el pasajero (o sus familiares o amigos). Dado que, por regla general, nadie quiere morir -o sufrir un fatal accidente- conduciendo un vehículo, cada piloto individual toma todas las medidas necesarias para evitarlo, y confía además en que el resto de pilotos hagan lo propio. Independientemente del buen o mal estado de las carreteras, yendo en coche o en moto cada uno es responsable de su seguridad y asume su propio riesgo según el valor en que estime su vida o integridad física. Son, por tanto, medios compatibles con la libertad individual de decidir sobre el propio destino: cada conductor evalúa la peligrosidad del momento y el lugar, y decide a qué velocidad quiere circular. Caso más discutible sería el del transporte colectivo: ahí, el pasajero no toma directamente esas decisiones, sino que delega su seguridad en el conductor sin saber si es una persona responsable o inconsciente; pero también es cierto que en ese caso intervienen otros factores que mitigan razonablemente el riesgo: por un lado, el criterio de conducción por carretera es muy flexible, ya que un conductor de autobús no está sometido a fuertes presiones y, con toda probabilidad, adaptará su modo de condcción a las circunstancias del momento, aunque esto suponga un cierto retraso sobre los horarios; y por otro lado el Estado también interviene, precisamente en previsión de accidentes mortales, estableciendo un límite absoluto de velocidad (100 km/h en España) que es inferior al máximo absoluto permitido para vehículos privados (120 km/h). Ambas circunstancias, combinadas, mitigan mucho el riesgo de accidentes letales cuando viajamos en autobús.

Muy diferente es el caso de los otros medios de transporte (aéreo y por ferrocarril), donde el pasajero nunca es el piloto y donde, además, las velocidades son netamente superiores (por tanto infinitamente más letales) a las que se alcanzan por carretera: casi por definición, cualquier accidente aéreo o de AVE es mortal. Además, aquí el pasajero no puede tomar decisión alguna sobre su seguridad y no tiene más remedio que confiar en el piloto y en la infrastructura del transporte: estado de las pistas, de las vías, de la señalización, funcionamiento de los sistemas de seguridad, profesionalidad y responsabilidad de los controladores de tráfico (aéreo o ferroviario), etc. El pasajero, en suma, ha de poner su vida o integridad física en manos de todo un sistema sobre el que no ejerce ningún control. Aun así, estos dos medios no son del todo equiparables.

El transporte aéreo de pasajeros es, en gran medida, internacional, en el sentido de que está casi por completo regulado por normas internacionales y supervisado por la OACI (organización de aviación civil internacional), amén de involucrar a una pluralidad de pasajeros de cualquier parte del mundo. Por consiguiente, cualquier país que no quiera quedar aislado del resto del orbe ha de ajustarse a esas normas y esa supervisión. Por la cuenta que les trae, todos los gobiernos del mundo procurarán la máxima diligencia en cumplir con los requisitos de seguridad establecidos. Si una relajación de esas normas condujera a tal o cual accidente, el país o la aerolínea en cuestión podrían quedar excluidos del tráfico internacional, con gravísimas consecuencias económicas, políticas y hasta penales.

No ocurre lo mismo para la alta velocidad por ferrocarril. En este caso, el grueso del transporte de pasajeros es de ámbito nacional. En términos relativos, poquísimos trenes de alta velocidad cruzan las fronteras del país propio, lo cual puede conllevar muy tristes consecuencias en términos de vidas humanas, ya que al no estar fiscalizados por organismos internacionales los sistemas de seguridad, las infrastructuras ni las operadoras, un determinado gobierno puede no sólo adoptar unas insuficientes normas de seguridad sino -mucho peor aún- relajar peligrosamente su observancia, y ello sin riesgo de quedar aislado del resto del mundo o de ser penalizado en términos de política global. De este modo, la alta velocidad por ferrocarril se convierte en un arma cargada que puede quedar en manos de cualquier irresponsable. Y todos sabemos lo que puede ocurrir si dejamos a un niño jugar con armas cargadas.

Tal es el caso de España, cuya sociedad está muy infantilizada. No quiero con esto decir que cada español sea como un niño que juega temerariamente con su seguridad: igual que nadie -salvo criminales patológicos- se pone a conducir por la carretera de manera suicida, es obvio que ningún pasajero de AVE es responsable directo de los graves accidentes que han ocurrido en nuestras vías durante los últimos lustros. Pero sí nos cabe una responsabilidad colectiva, como sociedad, en tales accidentes desde el instante mismo en que aquel Alvia descarriló en julio del 2013 cerca de Santiago de Compostela y no incendiamos las calles para reclamar la dimisión en bloque del gobierno de turno. Nuestro infantilismo consiste en confiar en “el sistema”, en unos poderes públicos y unas instituciones cuyos objetivos son nítidamente egoístas y que hace mucho dejaron claramente de priorizar aquellos aspectos en que nuestra integridad física corre un peligro objetivo, cierto e identificable. Desde que, en el año 1992, nos regalamos a nosotros mismos la primera línea de AVE y nos felicitamos por aquel logro, pero muy especialmente desde la liberación del mercado ferroviario de alta velocidad en 2021, no hemos dejado de jugar con ese peligroso juguete sin querer ver que poníamos nuestras vidas en manos de una casta política e institucional que, a menudo de manera indisimulada y a veces hasta con descaro, desprecia a su propio pueblo y está corrupta hasta la médula. ¿Qué otra cosa podía esperarse sino que, pronto o tarde, el arma se nos disparase entre las manos? Y no sólo una vez, como en La Coruña, sino varias, como en Adamuz y Urda.

En aviación nos tutoriza la OACI, pero en ferrocarril nadie nos vigila y el AVE se nos queda grande. Como los regalos de Reyes, fue una bonita ilusión mientras duró, pero hemos demostrado ser demasiado niños para utilizar, sin supervisión de un adulto, un medio de transporte tan diabólicamente rápido. Si no maduramos, seguiremos siendo víctimas de nuestra propia negligencia y, a la larga, nos quedaremos sin AVE como yo me quedé sin abuela.

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