El denominado Grupo Avanza, o Avanzabus para los amigos, monopoliza, desde hace años, el transporte interurbano de viajeros que conecta, con Madrid, todo el oeste español -desde Pontevedra hasta Huelva- más lo que podríamos llamar el “Levante próximo”, o sea Valencia y alrededores.
Avanza es una de las asociaciones empresariales más agresivas del sector transportes, empezando por su presencia en internet, arrolladora como una invasión e ineludible como un asedio, y terminando por su codiciosa política expansionista, que el lector curioso puede comprobar en este enlace cuyo subtítulo debería ser La forja de un monopolio; un monopolio, en efecto, de concesiones que ha supuesto, como suele suceder, un paulatino e implacable empeoramiento de la oferta, la calidad, la frecuencia y el precio del transporte público para millones de usuarios (según datos del propio Grupo) que no tienen más opción que usar los servicios de Avanza.
Así, a medida que han ido desbancando a la competencia, han eliminado trayectos o rutas enteras, reducido horarios e incrementado los precios, que en ocasiones llegan al más completo absurdo; por ejemplo: el billete Madrid-Mérida cuesta en torno al doble que el Madrid-Zafra, a pesar de que esta última ruta, bastante más larga, pasa -¡qué cosas tiene la vida!- por Mérida y hace parada allí. ¿A quién le cabe esto en la cabeza? Desde luego, el viajero bien informado la dirá a la taquillera: “¿Me da usted, por favor, un billete a Zafra? Es que voy a Mérida, ¿sabe?” Pero no se preocupen: ya se encarga la empresa de que el viajero no esté bien informado.
Con todo, lo que resulta intolerable, un verdadero atentado contra la sufrida ciudadanía rural, es el último ataque de la ofensiva Avanzabus: y es que, desde hace unos meses, ya no pueden adquirirse los billetes a bordo. Por increíble que parezca, los conductores ya no despachan pasajes; así que, en las numerosas localidades del excesivo “territorio Avanza” cuya estación o parada de autobuses no tiene taquilla (o ésta está cerrada), todo usuario que quiera abordar el autocar tendrá que haber comprado el billete antes por internet; lo cual, encima de costar 2‘5 € extra por pasaje (como es la moda “online”), resulta poco menos que inviable para un gran sector de la población que ya no puede adaptarse a la “cultura internet”, o costearse ordenador y conexión.
De este modo, la España menos urbana se queda cada vez más incomunicada, a pesar de que el transporte de viajeros está millonariamente subvencionado justo para -en teoría- prestar dicho servicio esencial (que, de otro modo, resultaría deficitario). Por eso, de este empeoramiento yo culpo no sólo a Avanzabus (que, al fin y al cabo, no son más que unos accionistas tratando de rentabilizar su dinero) sino, sobre todo, a las Administraciones Públicas que recaudan y gestionan nuestros impuestos, que otorgan las concesiones de transporte, aprueban las subvenciones, y al mismo tiempo le permiten al Grupo Avanza hacer, de su capa, un sayo.
Como siempre, los perdedores de la monopolización salvaje son los usuarios más indefensos. Y, ahora, que me vengan con cuentos sobre medidas para fijar al campo a la población rural.
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Que ETA haya anunciado el cese de la violencia justo un mes antes de las elecciones no es, por supuesto, ninguna casualidad; y nadie puede ser tan inocente como para ignorarlo. No estoy descubriendo la pólvora. Pero intentemos analizar el asunto en una mínima profundidad: de entre todas las posibles fechas en que, durante los últimos diez años, o los últimos diez meses (que tanto monta), podían haber anunciado el cese de hostilidades, ETA ha venido a elegir hacerlo, precisamente, cuando el gobierno PSOE está a punto de ser, según todos los pronósticos, desbancado por el PP. Y yo, como siempre en política, me hago la mágica pregunta: ¿Qui prod est? ¿A quién beneficia esto?





